Leemos a menudo declaraciones de las principales patronales de la enseñanza concertada (Mikel Ormazabal de Kristau Eskola; José Luis Sukia de Partaide-Ikastolak; Ignacio Marín de Eusko Ikastolen Batza) en las que manifiestan que la actual financiación que reciben por parte del Gobierno Vasco es insuficiente para poder seguir adelante con sus proyecto educativos. Citan el último informe del Consejo Escolar de Euskadi donde se dice que la financiación pública solo llega al 66% de sus gastos, (al 70% o al 80% en otras declaraciones). Aseguran además que el proyecto de Presupuestos para 2019 les va a obligar a seguir cobrando cuotas a las familias, y se quejan de que el Gobierno Vasco (GV) no pone “los medios” para que se dé realmente la igualdad de oportunidades y la inclusividad.
No es esa, sin embargo, la impresión que dan las instalaciones de esos insuficientemente financiados colegios, ni las obras de remodelación y ampliación que realizan, ni la creación de nuevos centros escolares. Nos sorprenden sus quejas además porque la CAV es una comunidad que, superando la obligación legal de financiar solamente la etapa obligatoria (de 6 a 16 años), subvenciona con conciertos educativos desde los 3 a los 18, es decir incluso las etapas no obligatorias de Infantil y Bachillerato y, con otras partidas económicas, la etapa 0-3 (26,5 millones de euros este curso).
Los portavoces de estas redes generalizan como si la situación de todos sus centros fuese la misma y repiten siempre que pueden que “a mismo servicio, misma financiación”, ya que se sienten discriminados respecto a la financiación de la red pública, y piden el mismo trato entre redes que son absolutamente desiguales. Es un mantra insistentemente utilizado: no pueden ser gratuitos por falta de financiación pública, pero lo que no dicen es que tienen autonomía financiera absoluta para cobrar, alquilar locales, recibir donaciones, etc., es decir que tienen otras fuentes de financiación de las que no suelen hablar y de las que no dispone la enseñanza pública. Una financiación opaca y de la que es imposible saber datos concretos por falta de auditorías públicas y transparentes que el GV no exige, desentendiéndose así del control del dinero público que invierte en esos centros. Una financiación, además, de la que una parte se destina a mantener a los de alrededor de 300 gerentes y a ofertar en muchos casos servicios que la pública no tiene ni se puede permitir.
Pero, ¿dan realmente el mismo servicio como dicen? ¿y se puede considerar ese servicio como público? Veamos cual es el tipo de servicio al que va destinado la ingente cantidad de dinero público que el GV destina a la enseñanza concertada (generalizaremos sabiendo que no todos los centros son iguales y sin olvidar a los que tienen otras realidades).
Con dinero público el GV está financiando a centros que escogen a su alumnado por medio del cobro de unas cuotas que no todas las familias pueden pagar. Cuando se les recuerda esto, responden que cumplen con los baremos de admisión oficiales, pero no airean la cantidad de dinero mensual y por otros conceptos que están pidiendo a las familias: actividades complementarias, orientación psicopedagógica, material escolar, licencias digitales, trabajos manuales, material fungible de aula y fotocopias, servicio de secretaría y evaluación, tecnología, AMPA… Queremos recordar que el cobro de cuotas en los centros sostenidos con fondos públicos es ilegal en todos los casos, tanto cuando una familia la puede pagar como cuando, mediante una «acción social», otras familias pagan las cuotas de quienes no pueden hacerlo. El Gobierno Vasco no debería permitir en ningún caso el cobro de estos recibos ilegales.
Con dinero público el GV está sosteniendo centros que escogen a su profesorado sin ningún tipo de convocatoria pública, simplemente a través de una entrevista o métodos similares. Cuando cada vez se habla más de la necesidad de que “elegir a los y las mejores” para la función docente, y cuando se ve la necesidad de cambiar el acceso del profesorado a la enseñanza pública modificando el actual sistema de oposiciones, es chocante que nadie ponga en cuestión este procedimiento arbitrario de elección de los y las mejores en la enseñanza concertada, que es, recordamos, el 49% del sistema educativo vasco. ¿Acceso transparente en la red pública pero no en la concertada?
Con dinero público el GV está financiando a centros que adoctrinan por medio de una confesión religiosa a su alumnado, es decir, impregnan su currículum académico de una visión del mundo que no tiene nada que ver con el conocimiento científico y que, en un estado laico, debería estar reservado al ámbito privado. Que hoy en día colegios financiados por el dinero de toda la población puedan difundir una ideología religiosa concreta es inaceptable.
Con dinero público el GV está financiando a muchísimos centros que no adquieren compromiso social de inclusión con su entorno más próximo. Con algunas excepciones y ateniéndonos a los datos del GV sobre matriculación de alumnado emigrante (2018), se puede decir que la gran mayoría de los centros concertados contribuyen a la segregación. El dato del Consejo Escolar de Euskadi en su informe de 2015-2017 sobre el ISEC (Indice Socio Económico y Cultural) de las familias no deja lugar a dudas: “En Primaria y en Secundaria el ISEC medio de los centros públicos es negativo, mientras que el de los privados es positivo”. Y también dice que hay que “Adoptar medidas que propicien una escolarización equilibrada del alumnado en los centros sostenidos con dinero público”.
Con dinero público el GV está financiando a decenas de centros que no garantizan que al final de la enseñanza obligatoria su alumnado domine las dos lenguas oficiales, es decir, que no euskaldunizan. En la red pública el porcentaje del modelo D es del 83,4% y el A y el B suman un 16,6%, mientras que en la red concertada el modelo D ocupa un 44,4% y el A junto con el B llegan al 55,6% (datos PISA 2015). El peso de la euskaldunización de la mayoría del alumnado lo está llevando a cabo con entusiasmo y coherencia la escuela pública. El euskera está sobre todo en la pública, mientras se subvencionan modelos y redes que no cumplen la ley en esta materia.
Resumiendo: todo esto es lo que el Gobierno Vasco está financiando y permitiendo a los centros privados-concertados, es lo que estamos pagando con nuestros impuestos. Creemos pues, que el servicio que ofrece la enseñanza concertada no se puede entender como servicio público ya que no es gratuito ni universal, es confesional y discriminatorio en algunos casos y no cumple la legalidad en otros. Por eso pedimos que no sea sostenido con fondos públicos hasta que no funcione como tal: admisión universal de alumnado, contratación pública del profesorado, transparencia económica, laicidad, inclusión, euskaldunización…
Queremos repetir una vez más lo obvio: aquellas familias que deseen una educación exclusiva con un solo tipo de alumnado, con profesorado elegido sin convocatoria pública, con una enseñanza confesional, sin suficiente compromiso social con su entorno y sin garantizar el conocimiento de las dos lenguas oficiales de la CAV, pueden elegir ese tipo de enseñanza. Pero esa elección no debe de ser pagada con el dinero de todos y de todas.
Plataforma a Favor de la Escuela Pública Vasca
