El Ararteko considera “una auténtica excepción” el proceso de matriculación de Ordizia y recomienda al Gobierno Vasco medidas correctoras que equilibren la distribución del alumnado.
La comunidad educativa de la escuela pública de Ordizia pide al Departamento de Educación que haga caso a la petición del Ararteko y junto con el ayuntamiento, agentes sociales y vecinos se adopten las medidas necesarias para favorecer la convivencia, la gestión de la diversidad, la inclusión y la euskaldunización en Ordizia.
El Ararteko en su resolución 2019R-597-19 del 6 de noviembre de 2019 considera que “la matriculación del curso 2018-19 en la Ikastola Jakintza de Ordizia y el hecho de haber permitido la matriculación en el centro a alumnado que no obtuvo plaza en el proceso de admisión fue una auténtica excepción respecto al proceder ordinario en este tipo de tramitaciones”.
Según el Ararteko “la dirección del CPEIPS Jakintza ikastola evitó que la adjudicación de segundas y terceras opciones en la elección de centro educativo por parte de las familias se materializase en la práctica”.
Añade que “la decisión de los responsables del Departamento de Educación de ampliar las unidades planificadas en el CPEIPS Jakintza ikastola, que se ha justificado amparándose en la voluntad de las familias, no hace sino agravar el desequilibrio existente entre ambos centros”.
Según el Defensor del Pueblo vasco “la voluntad de las familias no puede ser el único criterio a considerar a la hora de establecer la programación educativa. El Departamento de Educación debe modular la repercusión que este criterio puede tener como principio configurador de la planificación cuando la sola voluntad de las familias pueda llevar a desequilibrios en la escolarización del alumnado que comprometan el objetivo establecido de promover el equilibrio en la composición de los centros y una mayor cohesión del sistema escolar”.
El organismo que vela por los derechos de la ciudadanía considera que “si la decisión del Departamento de Educación hubiera sido otra distinta, ampliar el número de unidades en el CEIP Urdaneta escuela pública de Ordizia, quizá ello hubiera propiciado una mayor concentración de alumnado de familias de origen local en este último centro”.
El informe concluye que “el Departamento de Educación debería reconsiderar la situación de desequilibrio existente en Ordizia. Y recomienda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que evalúe el impacto que puedan tener las decisiones de planificación que ya han sido adoptadas para el curso 2019-2020, y que adopte las medidas correctoras que puedan contribuir a favorecer un mayor equilibrio entre dichos centros en la distribución del alumnado escolarizado”.
Teniendo el informe del Defensor de Pueblo y nuestro compromiso con el presente y futuro de Ordizia y de la escuela pública solicitamos al Departamento de Educación que, siguiendo las recomendaciones del Ararteko y ante el desequilibrio existente entre los dos centros, adopte medidas correctoras que favorezcan la convivencia, la gestión de la diversidad, la inclusión y la euskaldunización en Ordizia. De igual modo pedimos al ayuntamiento, agentes sociales y vecinos que actúen, en la medida de sus posibilidades, para que esta diversidad pueda trabajarse de manera adecuada logrando una mejor inclusión y convivencia.
En nombre de la Comunidad Educativa de la escuela Pública de Ordizia
Gurutze Puyadena, Mabel Cia, Josune Lopetegi y María Albisu. Directoras de la Escuela Pública y presidentas de las AMPAS
