El pasado miércoles el Alcalde de Vitoria-Gasteiz y la Responsable del Departamento de Educación escenificaron la firma de un convenio para la colaboración en favor de la convivencia y la equidad educativa. Seguramente acuciados por los datos de segregación escolar que ya hicimos públicos desde nuestra plataforma en reciente rueda de prensa.Este convenio se basa en el protocolo de intenciones presentado en marzo. Le han sumado alguna frase y lo han hecho público junto a fotografías de caras sonrientes.
Pero es un tema muy serio. Ante la grave situación que se vive en nuestra ciudad, hablar de protocolo de intenciones es como decir preámbulo del prólogo, o sea nada. Un protocolo debe ser siempre de actuación, de acción, de procedimiento, no de intenciones o buenos deseos.
El protocolo propone garantizar un acceso a la educación en igualdad de oportunidades, pero no explicita cómo se va a garantizar dicha igualdad.
Por otro lado, habla de analizar “factores como la estructura social del territorio, la distribución residencial, las ayudas a la vivienda, la ubicación de los centros escolares, o las pautas de movilidad de la población” y de acompañamiento de no se sabe muy bien qué políticas cuando se les ha demostrado mil veces con datos aplastantes que la realidad demográfica de los barrios no tiene que ver con la situación de segregación que se vive en las escuelas. ¿Cuáles serán entonces esas políticas de acceso, planificación y de ámbito local si parten de una lectura de la realidad social equivocada?
Habla el protocolo de impulsar una educación inclusiva e intercultural que favorezca la convivencia y que el alumnado y familias participen en actividades lúdicas… favorecer su inserción… Es decir, políticas de integración social, que son totalmente necesarias, pero que, como propuestas desde el ámbito educativo, se quedan muy pobres.
Quieren fomentar la acción coordinada de las diferentes instancias públicas y actores socio-
educativos de Vitoria-Gasteiz para promover la inclusión social. Sin embargo, la realidad nos demuestra lo contrario; tanto este protocolo, como las anteriores iniciativas del Departamento de Educación, no han sido coordinadas, ni siquiera consultadas, con la comunidad educativa y social que de forma mayoritaria está luchando contra la segregación escolar. Asimismo, las medidas que se propusieron en la mesa interinstitucional de 2016, en la que sí que hubo cierta representación social, aunque no toda, no se han cumplido. Y, por último, tenemos en el horizonte cercano una nueva Ley Educativa rechazada por la inmensa mayoría de la Comunidad Educativa.
No se habla de segregación, palabra maldita que suena a apartheid y que para la responsable del Departamento de Educación y para el Señor Alcalde de Gasteiz, no existe. Se obvia el impacto de la existencia de distintas redes en la segregación escolar. Ni una palabra sobre el cobro ilegal de cuotas, ni de la matrícula de alumnado de origen extranjero dentro de plazo, ni de la elección encubierta de alumnado, ni de la imposibilidad económica de libertad de elección.
Resumiendo: intenciones para la convivencia, pero en lo que a la equidad educativa se refiere, palabras vacías y ni una medida concreta. Se parte otra vez de un diagnóstico erróneo, escenificando la firma de un protocolo que ya presentaron en marzo para tener una nueva foto con la única intención de que, en lo fundamental y en las apuestas políticas de fondo, nada cambie. O aún peor, anunciando a bombo y platillo “proyectos imàn (magnet)”, sin dar los recursos necesarios para ponerlos en marcha ni acompañarlos de medidas estructurales, de forma que sean las propias profesionales de la enseñanza con su implicación quienes carguen a sus espaldas la gestión de la segregación escolar.
No hay tiempo para las intenciones, es hora de tomar medidas urgentes y concretas y de abordar con valentía la apuesta por un sistema educativo propio cuyo eje vertebrador sea la Escuela Pública.
Plataforma a Favor de la Escuela Pública Vasca
