Está sucediendo ahora en Bilbo, pero podría ser en cualquier otro municipio de la CAV, en cualquier momento.
Una familia recién llegada de otro país lleva la documentación de sus criaturas a un centro público para matricularlas. Como el curso está empezado, su solicitud se remite a una comisión de escolarización creada ad hoc para evitar que todas las matrículas que se producen fuera de plazo (la llamada «matrícula viva») se concentren en determinados centros; y esa comisión, dependiente del Departamento de Educación, deriva a esta familia a un centro privado (concertado, como casi todos). En ese centro le dicen a la familia que es obligatorio cursar religión católica. La familia, que profesa otra religión, intenta por todos los medios matricularse en la escuela pública a la que se dirigió en primera instancia, no quiere ir a un centro educativo que se salta la legalidad con la evidente intención de quitársela de encima. ¿Cómo termina este embrollo? Siempre igual:
– Las matrículas se hacen definitivas en el centro público que tiene un porcentaje de alumnado autóctono extraordinariamente bajo, a pesar de que en su entorno el porcentaje de inmigrantes no llega al 20%.
– La comisión de escolarización continúa alegremente con su labor: sigue enviando parte del alumnado que llega fuera de plazo a centros privados-concertados, pero cede a la peticiones de las familias que «voluntariamente eligen» ir a un centro público. Si el cambio de matrícula se produce el curso siguiente al de llegada, ni se enteran.
– El centro privado queda impune, y sigue con las prácticas ilegales (religión obligatoria, cobro de cuotas por la mera asistencia, exigencia de niveles mínimos para acceder…) que espantan a cada familia que no desean admitir; nada de eso le impide seguir cobrando conciertos y pidiendo más dinero público.
Y aquí a nadie se le cae la cara de vergüenza.
BEEP (Bilboko Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataforma)
