Entre los diferentes aspectos que aborda el anteproyecto de Ley de Educación, su principal y más preocupante novedad consiste en considerar a los centros privados-concertados parte del servicio público de educación. Se les concede un estatus similar al de los centros públicos, al equiparar la naturaleza de ambos por medio de malabarismos jurídico-financieros, como los «contratos-programa».
Así se responde a las demandas de los centros privados-concertados, que logran una mayor financiación pública y un nuevo estatus, más «popular», al integrarse en un eufemístico «Servicio Público de Educación»; pero manteniendo su titularidad privada y patrimonio inmobiliario, junto al carácter elitista de su gran mayoría. Una hábil maniobra que pretende confundir a la opinión pública.
En el texto se ignora la anomalía estructural que padece nuestro sistema educativo, al configurarse sobre un modelo dual, público y privado-concertado, donde cada una de las redes escolariza al alumnado en una proporción cercana al 50%. Este porcentaje de la red pública queda muy lejos de la media del 80% que ofrecen los países de la Unión Europea, con sistemas públicos de enseñanza bien consolidados que actúan como referente principal de sus respectivos sistemas y garantes del derecho a una educación inclusiva y de calidad. Un pilar básico para aquellas sociedades plurales y democráticas, que aspiran a reducir las desigualdades sociales ofreciendo la igualdad de oportunidades desde la propia escuela.
Sin embargo, el anteproyecto acepta el statu quo dando por normalizada esa presencia desorbitada de la red privada-concertada, más reforzada aún con esta ley. Y renuncia a corregir esa anómala distribución, con medidas que impulsen la red pública e incrementen su tasa de escolarización progresivamente hasta alcanzar una mayoría cualificada similar a la media de la UE. Para ello sería imprescindible un plan estratégico de refuerzo de la enseñanza pública, acompañado de una mayor financiación. Entre otras medidas, debería incluir un nuevo diseño del mapa escolar que diera prioridad a la red pública, con plazas suficientes para toda la población en edad escolar y centros públicos en cada municipio. Algo que, lamentablemente, no existe.
Por otra parte, se ignora el grave problema de segregación en la escolarización del alumnado vulnerable -ya sea por su origen, motivos socioeconómicos o cualquier otra causa-, que, en su gran mayoría, se concentra en centros públicos, generándose así un gran desequilibrio que obliga a un sobreesfuerzo. Pero, incomprensiblemente, la Administración se inhibe mirando a otro lado, como si ese flujo de matrícula radicalmente diferenciado entre las dos redes fuera un fenómeno natural, cuando es ella misma quien contribuye a esa derivación.
Tampoco se menciona el cobro ilegal de cuotas en la red privada-concertada, que ocurre ante la pasividad de Lakua. Una práctica de financiación irregular que, aun siendo vox populi, parece no haber existido jamás, quedando oculta bajo algo semejante a una amnistía fiscal.
Así pues, se pretende mostrar una supuesta paridad entre centros públicos y privados-concertados, que resulta falsa bajo cualquier análisis. Basta con ponerse a la puerta de los colegios y observar.
Lo más sorprendente, al tiempo que decepcionante, es que el Gobierno Vasco cuenta con la colaboración de fuerzas políticas que se dicen progresistas y que hacen gala de defender lo público en todos los ámbitos salvo en el educativo. ¿Qué tiene de particular la educación para equiparar lo público con lo privado? Algo inaceptable en cualquier otro ámbito por considerarlo neoliberal.
En sanidad sería inimaginable un escenario semejante, donde una ley pudiera equiparar Osakidetza con clínicas y hospitales privados. Y siguiendo el paralelismo, ¿cuándo se podrá leer algo similar en la web de Educación? «El objetivo de Osakidetza ha sido garantizar a todas las personas un sistema sanitario público, universal y de calidad. Hoy en día la sanidad pública vasca es, además de un logro colectivo de toda la sociedad vasca, un modelo de referencia». Sin embargo, se diría que la propia Administración no se reconoce en la escuela pública vasca, de la cual es titular y máxima responsable.
En definitiva, esta ley supone el inicio de un desmantelamiento programado del sistema educativo público en beneficio de la red privada-concertada; donde la red pública quedaría casi destinada sólo a escolarizar los casos de exclusión social. Y para dar cauce legal a semejante maniobra, se deroga la Ley de la Escuela Pública Vasca de 1993, dejando a la misma sin apenas cobertura legal, abandonada a su suerte. Esto representa una involución respecto al reconocimiento institucional de la escuela pública vasca, olvidando que se trata de la escuela de todas y todos, abierta, plural y comprometida en la compensación de desigualdades.
En otras palabras, se diluye a la escuela pública vasca en un engañoso «Servicio Público de Educación», diseñado a la medida de los centros privados-concertados, con un encaje jurídico-financiero que garantice su futuro económico con fondos públicos en las próximas décadas. Paradójicamente, esta ley llega cuando durante la pandemia se ha constatado la trascendencia de los servicios públicos en ámbitos esenciales. Pero, al parecer, la educación no es un elemento esencial para quienes impulsan esta ley, sino un servicio con el que se puede mercadear, aunque sea marginando al sistema educativo público.
Eli Lamarka, Jon Moñux eta Iñaki Izagirre (en nombre de la Plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro)
