Proyecto de Ley de Educación que será objeto de debate en el Parlamento este otoño no necesita enmiendas, debe ser retirado. El proyecto es privatizador y no va a resolver el principal problema del sistema: generación constante de segregación escolar debido a su dualidad. Esto es así porque la línea ideológica del proyecto de ley se basa en dos falsas ecuaciones que se desgranan a continuación.
Primera ecuación falsa: el que presta un servicio público debe ser considerado como público y tener derecho a financiación, si cumple una serie de condiciones. Este proyecto de Ley pretende impulsar un nuevo Servicio Público Educativo Vasco, “prestado a través de los centros públicos y privados concertados, de acuerdo con los requisitos que se establecen en la presente Ley y en su desarrollo reglamentario”. Y añade: “Los centros concertados que impartan enseñanzas obligatorias dentro del Servicio Público Vasco de Educación se financiarán íntegramente”. ¿Y cuáles son esos requisitos para que formen parte de este servicio y sean financiados al 100%? En el proyecto no se especifica ninguna. No hay condiciones, los requisitos para ser parte son tan vagos que, en la práctica, se consolida la concertación universal, incluidos los centros que no euskaldunizan y que adoctrinan.
La red concertada nunca ha cumplido los requisitos que enumera la normativa de Conciertos Educativos, en cuanto a cuotas, acceso del alumnado, y laicidad. Desde 1987, incumpliendo los principios de gratuidad y laicidad. ¿Los cumplirán ahora?
El Proyecto de Ley de Educación se basa en la tesis de que las dos redes deben ser tratadas igual, ya que las dos ofertan un servicio público (como un taxi, un servicio de autobuses o un restaurante) y formarán parte de un denominado Servicio Público Vasco de la Educación por lo que les corresponde la misma financiación al 100%. Iguala, pues, lo público con lo privado (“Hay que dar un salto más allá de lo que pueda ser lo público y lo privado”, decía Jokin Bildarratz en febrero de 2022 en Onda Cero) equiparándolos. Recoge así la reivindicación histórica de la red privada. Es descorazonador ver asumir esta tesis del “servicio público” a las fuerzas progresistas de izquierdas. Creemos que aquellos centros que deseen una financiación al 100% deben publificarse.
Segregación
Segunda ecuación falsa: la gratuidad de los centros concertados acabará con la segregación escolar. La segunda ecuación dice que, a través de esa gratuidad de los centros concertados, vendría automáticamente la inclusión, es decir, todo el alumnado tendría la posibilidad de matricularse en cualquier centro educativo, público o privado, y de esa forma se iría reduciendo el índice de segregación escolar que caracteriza a nuestro sistema educativo binario a partes iguales. Así pues, los partidos que defienden este proyecto de ley compran la petición histórica de la enseñanza concertada de que no pueden ser gratuitos por falta de financiación suficiente, y creen que la segregación se produce porque las familias más necesitadas no acceden a esos centros por no poder afrontar sus cuotas. Una vez sean gratuitos, lo harían y se acabó el problema. Sencillo, ¿no?
Pero los centros concertados nunca serán gratuitos porque ello va en contra de su propia identidad y de su necesidad de diferenciación con respecto a la red pública. El mercado manda y están sujetos a él. Las declaraciones de las patronales de la enseñanza privada han sido claras: “Los colegios concertados de Euskadi piden 1.500 euros más por alumno a Educación para eliminar las cuotas”; “las ikastolas, para asegurar su financiación, tendrán que mantener las necesarias cuotas”. Y, además, así lo declaró el consejero Bildarratz: “Los centros concertados no podrán cobrar ninguna cuota que nosotros financiemos, pero sí podrán cobrar cuestiones en las que no entramos, pero sí regularemos”. Es decir, seguirá habiendo cobros por otros “servicios” educativos. Estas declaraciones demuestran que los centros concertados continuarán sin ser gratuitos, como hasta ahora, y seguirán cobrando de una forma u otra para seguir autofinanciándose y así dejar fuera a las familias que no pueden asumir esos gastos. Pensar lo contrario es ingenuidad o complicidad por parte de las fuerzas de izquierdas firmantes del Acuerdo.
Pero es que, aunque existiese esa gratuidad que nunca veremos, no sería solución al problema de la segregación escolar porque hay otros factores que retraen a muchas familias de acudir a esos centros (barrera social, pagos constantes por actividades, confesionalidad del centro…). Plantear como medida para acabar con la segregación la gratuidad de los centros concertados para que así puedan acceder a ellos todo el alumnado que lo desee (como si la económica fuese la única barrera disuasoria) es tan simplista como falso, no ha funcionado en Catalunya de donde se ha importado la idea y no funcionará en la CAV porque se ataca al síntoma y no a la causa de esa segregación, la enorme proporción de enseñanza privada.
Sobre estas dos falsas ecuaciones se pretende construir una ley de educación para los próximos 30 años. Otros 30 años de fraude. Se quiere imponer una ley para mantener el mismo sistema dual desequilibrado, marginando la red pública y llenando a la red privada de dinero público. Por eso decimos que este proyecto no necesita enmiendas y debe ser retirado.
Maribel López de Luzuriaga Alonso
Eneko sierra Ortiz de Urbina
Plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro!
