El pasado 29 de octubre, convocada por la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro (“Orgullosas/orgullosos de la Escuela Pública Vasca”) miles de personas se manifestaron en las calles de Donostia en favor de la Escuela Pública Vasca. De una red pública que, como afirma Arantza Fernández de Garayalde en esta entrevista, es la única que puede aspirar a atenuar las desigualdades de origen que tiene el alumnado, la única abierta a todos los sectores sociales y la única empeñada en hacer llegar la lengua y la cultura vasca a todos los rincones. La plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro está formada por una red de organizaciones civiles, sindicales, etc. dentro del sistema escolar1. La citada plataforma ha cobrado una dinámica consistente como oposición al Proyecto de Ley de Educación del País Vasco, aprobado por el gobierno vasco el pasado 23 de abril y remitido al parlamento autonómico para su correspondiente tramitación. La oposición de Euskal Eskola Publikoaz Harro al proyecto de ley, se funda en que, a su entender, ni atenua las desigualdades de origen el alumnado, no es, por lo tanto integradora de todos los sectores sociales, ni es una herramienta necesaria y suficiente para el desarrollo del euskera en el diverso conjunto del alumnado.
Arantza Fernández de Garayalde, exportavoz del sindicato Steeilas hasta su jubilación como maestra, es, desde sus inicios, activista de Euskal Eskola Publikoaz Harro. Conversamos con ella sobre la dinámica actual en el sistema educativo y en la sociedad sobre toda esta situación.
Hace un año, después de una gran manifestación en Bilbao, publicamos en viento sur un artículo sobre la situación del sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), donde la red privada escolariza casi el 50% del alumnado de las etapas obligatorias; por aquellos días criticabais el anteproyecto de Ley Vasca de Educación. Acabáis de hacer otra manifestación de varios miles de personas en Donostia el 29 de octubre, con el mismo lema que el año pasado, «A favor de la Escuela Pública Vasca, NO a esta ley de educación». ¿En qué momento del proceso os encontráis?
Arantza Fernández de Garayalde. La ley ha entrado en la última fase de tramitación, el PNV pretende aprobarla para finales de noviembre, y previsiblemente lo conseguirá con el apoyo del PSE, su socio de gobierno, ya que entre ambos tienen mayoría absoluta.
Pero hace un año el anteproyecto contaba con el apoyo del 90% del parlamento, incluídos EH Bildu y Podemos. ¿Qué ha pasado?
A.F.G. Tanto EH Bildu como Podemos afirman que se ha traicionado el espíritu del acuerdo inicial, aunque desde nuestro punto de vista en aquel texto ya aparecía como tesis principal lo que las patronales de la enseñanza privada han defendido históricamente, y que podríamos resumir así: la financiación de los centros concertados es insuficiente y hay que aumentarla (algo parecido recoge el acuerdo de gobierno Sumar – Psoe2), hay que dejar a los centros que compitan entre sí, la titularidad de los centros es irrelevante a la hora de caracterizarlos, todos los centros sostenidos con fondos públicos forman parte del Servicio Público Vasco de Educación y necesitan el mismo nivel de financiación pública (al margen de las fuentes de financiación privada que tienen algunos y que nadie va a tocar).
El acuerdo también incluía literatura sobre las condiciones que deberán cumplir los centros para formar parte de ese servicio público, unas condiciones menos definidas que las que aparecen en el Decreto de conciertos educativos 293/87, cuyo incumplimiento sistemático a lo largo de 36 años ha permitido la concertación universal de todos los centros de la comunidad autónoma vasca que lo han deseado.
Pero esta es una iniciativa legislativa arropada desde el primer momento por una enorme campaña de propaganda. El departamento de Educación, en manos del PNV, organizó una serie de jornadas divulgativas a las que llamó debate social; invitó a múltiples agentes a realizar comparecencias en la comisión del Parlamento a las que denominaron amplias consultas de las que no tomaron en cuenta ni una coma; ahora alardea de avales sindicales a la ley cuando sólo tiene acuerdos parciales sobre temas absolutamente ajenos a ella; y el pasado sábado, 4 de noviembre, el consejero y la viceconsejera hicieron un desayuno informativo para la prensa donde alardearon de lo bien que han hecho todo. En ese ambiente de pompa y grandes fastos pergeñaron un texto con suficiente palabrería como para que cualquiera pudiera encontrar alguna frase de su gusto, lo que por lo visto hizo muy difícil que ningún partido (excepto los marginales PP-Ciudadanos y Vox) se negara a firmar el acuerdo inicial abril de 2022. Así se gestó el supuesto histórico consenso del que en el plazo de unos pocos meses se descolgó Podemos y del que acaban de expulsar a EH Bildu, lo que merece capítulo aparte.
Este proyecto de ley constituye un ataque sin precedentes contra la enseñanza pública en un contexto de bajada sostenida de la natalidad. Así lo percibimos en los sucesivos textos que se han ido publicando (Acuerdo, Anteproyecto y Proyecto de ley) y enlas medidas que se van tomando de forma paralela.
¿Qué medidas son esas?
A.F.G. El Departamento de Educación ha ido modificando normas de rango menor en el sentido que marca la ley que se tramita. Empezó por mejorar los conciertos educativos (más dinero por cada concepto, e inclusión del alumnado de 2 años de edad) y por flexibilizar las condiciones para mantener concertadas las aulas en la red privada. Continuó con un Decreto de Planificación que protege la oferta de la red privada en su totalidad, también la de centros ubicados en municipios sin apenas población escolar o donde hay oferta pública suficiente. Y remató con un Decreto de Admisión del alumnado que ha dirigido a la red privada parte de la demanda que acudía a la pública. Así que aunque la ley no se ha aprobado, ya hemos empezado a sufrir sus consecuencias.
Una parte de estas medidas son contrarias a lo establecido en las leyes vigentes, tanto de ámbito estatal como autonómico, lo que ha provocado informes jurídicos de la propia administración contrarios a dichas medidas (casi inmediatamente ha cesado algún que otro cargo de los servicios jurídicos) e impugnaciones por la vía legal de EHIGE y Steilas3. La aprobación de la ley vendría a dar cobertura legal a estos desmanes.
Has aludido a las patronales de la enseñanza privada como si estas constituyeran un bloque homogéneo
A.F.G. No lo he pretendido. La tipología de centros privados-concertados en la CAPV es muy variada, más de las dos terceras partes de los mismos son religiosos, pero también los hay laicos, alternativos, cooperativistas o no… Dentro de este conjunto el fenómeno diferencial del sistema de la CAPV es la existencia de las ikastolas agrupadas en Ikastolen Elkartea, o Confederación de Ikastolas. Haré un somero repaso para entender lo que son.
Las primeras ikastolas surgen bajo el franquismo de una forma enormemente voluntarista gracias a la militancia tanto de familias como de profesionales euskaldunes, se desarrollan de forma a veces semiclandestina, en pisos y locales con las condiciones mínimas. La escolarización no era obligatoria, amplios sectores de la población no tenía acceso a centros oficiales y debían presentarse a exámenes por libre para obtener las titulaciones; quienes se matriculaban en las ikastolas tenían que seguir ese mismo procedimiento, mucho más ingrato, sin duda, que el de quienes se matriculaban y examinaban en centros oficiales, tanto públicos como privados. Las condiciones laborales eran precarias, los sueldos bajos y sin cotizaciones eran la norma. El admirable esfuerzo y osadía de aquellos primeros centros que se lanzaron a impartir enseñanza en un idioma prohibido, sin contar apenas con material elaborado para hacerlo, fue consolidando una red que a partir de los años 70 se fue legalizando, en muchas ocasiones al amparo de la iglesia4. En los años 80 las ikastolas se habían expandido de manera notable y se plantearon la necesidad de convertirse en centros públicos. Después de un complicado y largo proceso que no vamos a detallar, el 40% de las ikastolas optaron por entrar a la red pública y el resto se acogieron al régimen de conciertos de la red privada.
Ikastolen Elkartea, o Confederación de Ikastolas, agrupa a la mayoría de las ikastolas de la red privada – concertada de la CAPV, y tambien de Navarra y de Iparralde (la Euskal Herria bajo administración francesa). Estas ikastolas son cooperativas y tienen una fuerte cohesión interna tanto entre las familias como con las personas que trabajan en los centros. La cohesión viene dada por el modelo de enseñanza que propugnan (reivindicable en gran medida: laico y euskaldun), pero también por la extracción socieconómica del alumnado que acogen (población autóctona de nivel medio-alto sin necesidades educativas especiales)
Ikastolen Elkartea se erige en portavoz no solo de todas las ikastolas de la red privada, sino de las ikastolas en general, y, por extensión, en símbolo de la enseñanza en y del euskara. Aun hoy gran parte de la ciudadanía vasca desconoce que los centros públicos de la CAPV escolarizan íntegramente en euskara casi al doble de criaturas que la red privada, que casi la mitad del legado histórico de las ikastolas pertenece a centros que se encuentran en la red pública y que entre los centros concertados que imparten enseñanza en modelo de inmersión en euskara las ikastolas no constituyen la mayoría.
Es decir, en un sector del imaginario colectivo la parte suplanta al todo (ikastolen elkartea = enseñanza en euskara) y se perfila como algo radicalmente diferente del resto de las patronales de la red, lo que lleva a algunos sectores a defender los servicios públicos en todos los ámbitos excepto en educación5.
Pero ante la administración todas las patronales de la privada-concertada presentan demandas comunes y a todas ellas les conviene la formulación que la nueva ley hace del Servicio Público Vasco de Educación.
¿No sois excesivamente optimistas respecto a la realidad de la escuela pública? el propio nombre de vuestra plataforma, «Orgullosos/as de la Escuela Pública Vasca» parece apuntar en esa dirección
A.F.G. Este movimiento plantea directamente que la red pública, con todas sus deficiencias y problemas, es la única que puede aspirar a atenuar las desigualdades de origen que tiene el alumnado, la única abierta a todos los sectores sociales y la única empeñada en hacer llegar la lengua y la cultura vasca a todos los rincones. Por todas estas razones es hora de darle la centralidad que merece, de garantizar que toda persona que lo desee tiene una plaza pública de calidad a su disposición, de dotar a esa red de suficientes recursos humanos y materiales, de concertar con la red privada exclusivamente lo que sea imprescindible y de abrir una vía de publificación para los centros privados que lo deseen.
Partimos de la misma premisa que el resto de movimientos de defensa de lo público: los derechos básicos deben ser satisfechos, la entrada del mercado en esos ámbitos perjudica a todas las personas, especialmente a las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y atenta contra la cohesión social.
También sabemos que los mismos recursos públicos que se invierten hoy en dos redes diferenciadas darían más y mejores frutos si se invirtieran en una única red de manera racional. Nada de esto nos impide ver las limitaciones que tiene hoy la red pública.
¿Puedes explicar las discusiones sobre los modelos lingüísticos?
A.F.G. Desde hace 40 años están vigentes 3 modelos: A (el euskara es sólo una asignatura), B (se imparten en euskara la mitad de las asignaturas) y D (se imparte todo en euskara excepto el castellano y una lengua extranjera)
El grueso de los modelos A y B (el 92% en educación infantil) están en la red privada, aunque ese detalle nunca aparece en los debates.
Los sucesivos textos que han ido apareciendo no mencionaban los modelos, de donde cabe deducir que seguían vigentes en la medida en que no se derogaba la legislación que los establece; decían que el euskara, el castellano y una lengua extranjera serían lenguas vehiculares, lo cual es un retroceso para el euskara respecto al modelo D; y establecían unos niveles mínimos exigibles al terminar la escolaridad obligatoria, si bien el actual consejero de Educación aclaró que la no consecución de los mismos no sería obstáculo para obtener la titulación correspondiente. Todo eso se ha mantenido desde el acuerdo inicial hasta el último proyecto, acompañado, eso sí, del reconocimiento de la importancia del euskara.
La enmienda al proyecto de ley, presentada ahora conjuntamente por el PNV y el PSE incluye en la exposición de motivos una mención expresa al mantenimiento de los modelos lingüísticos, lo que sólo se puede interpretar como un ataque directo contra EH Bildu, que ha repetido incansablemente que los modelos lingüísticos ya estaban superados y que los centros que no garantizasen un nivel suficiente de euskara no entrarían en el Servicio Público Vasco de Educación.
¿Dónde está el rédito político de todo esto?
A.F.G. Casi todo el mundo gana y pierde algo. Quienes salen ganando sin contrapartidas son las patronales de la privada. El PNV también sale bastante bien, siempre ha favorecido a la red privada y ha querido hacer de esta ley su proyecto estrella de la legislatura, su planteamiento inicial del gran acuerdo histórico se ha desplomado y cabría pensar que para este viaje no eran necesarias tantas alforjas, pero quizá sin esa puesta en escena EH Bildu no habría participado desde el inicio y este proceso no se habría puesto en marcha.
El PSE6 avala una ley de corte mucho más neoliberal que la LOMLOE y hasta cierto punto contradictoria con ella, pero recupera su centralidad en la política al presentar junto al PNV una enmienda que aparece como defensa identitaria del español y, de paso, quita argumentos al PP, que está totalmente ausente del debate (entre otras cosas porque ya están otros haciendo su política).
Dentro de EH Bildu siempre han convivido sectores estrechamente ligados a la Federación de Ikastolas con personas totalmente comprometidas con el sector público de la educación, lo que ha obligado a esta formación a mantener un cierto grado de ambigüedad en este terreno. Estos últimos años ha roto con esa tradición y se ha lanzado de cabeza a sacar adelante la ley7. Está por ver qué van a hacer finalmente en la votación. En cualquier caso han conseguido asegurar más dinero para la Confederación de Ikastolas y sus centros. Desde el punto de vista político el balance es más confuso: el intento de hacer un bloque de país junto al PNV no ha prosperado, pero no ha sido culpa suya; y por otro lado, no votar al final a favor de la ley revela el fracaso de un proyecto que han defendido con uñas y dientes, pero les evita problemas en la medida en que ya no aparecen como responsables de una mala ley sino como bienintencionados a quienes han engañado o traicionado.
Podemos firmó inicialmente el Acuerdo pero pasó en pocos meses a posicionarse en contra de todo el proceso, interpretando que se han traicionado los principios de aquel acuerdo. Desde su cambio de punto de vista ha mantenido una actitud crítica con los sucesivos borradores, y ha presentado una enmienda a la totalidad y enmiendas parciales.
¿Qué pasaría ahora si se aprobara la ley?
A.F.G. Indudablemente la perdedora sería la red pública, pero la partida no ha acabado; también la LOMCE se aprobó y nunca llegó a aplicarse en su integridad porque el gobierno del Estado cambió de manos; una ley no lo es todo.
La ley no va a solucionar la segregación escolar ni avanza en la euskaldunización del alumnado, y la conciencia social sobre ambos temas va en aumento, de la misma manera que la defensa de los servicios públicos se está reactivando. También el movimiento a favor de la enseñanza pública va ganando influencia social. Prueba de ello son las adhesiones a la manifestación del 29 de octubre, convocada por la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro8. Recibió el apoyo del sindicato ELA; de los partidos políticos Elkarrekin-Ahal dugu y Alternatiba (que forma parte de EH Bildu); Eskola Laikoa; Ikas-bi (asociación de familias bilingües de Iparralde); Zubiak Eraikiz (grupo motor de la ILP Eskola Inklusiboa); Adarra Pedagogia Kolektiboa; Mugarik gabe; Komite Internazionalistak; FeministAlde y otras asociaciones de padres y madres, escuelas públicas, ikastolas de la red pública, haurreskolas… al tiempo que profesores/as de magisterio de la Universidad Pública del País Vasco hacían público un manifiesto llamando al parlamento vasco a replantear la ley desde el principio.
Queda mucho por hacer.
Entrevista realizada por Petxo Idoiaga para «Viento Sur»
